Queremos expresar nuestra firme defensa de la Educación Pública, así como nuestro
convencimiento de que la calidad en Educación es la garantía de una sociedad plural, democrática,
participativa, solidaria y libre.
Denunciamos que los actuales recortes que el Gobierno estatal y el Gobierno autonómico nos
están imponiendo, para hacernos pagar a todos esta estafa social a la que llaman “crisis”, están
provocando una agresión sin precedentes a la calidad de la enseñanza pública en Andalucía que no
estamos dispuestos a permitir.
Queremos llamar la atención de la sociedad en que un país que no invierte en la educación de
las personas es un país que hipoteca gravemente su futuro.
Queremos enfatizar en que los importantes recortes en Educación -y Sanidad- ponen de
manifiesto que la crisis económica se está aprovechando para imponer un modelo de organización
privada del servicio público de educación en todos los niveles, conforme al modelo neoliberal, más
injusto, alejado de las necesidades de las personas, y que ha propiciado la especulación financiera y la
actual crisis económica, todo ello por la puerta trasera, sin debate ni consulta, y sin estar incluido
explícitamente en ningún programa electoral.
Queremos dejar claro, no obstante, que no sólo nos mueve el legítimo derecho a defender las
condiciones laborales de nuestros docentes, sino también la convicción de que los recortes que hoy se
practican afectarán gravemente a la calidad del Sistema Educativo y será nuestro alumnado, hijos e
hijas, los que pagarán, con una merma de sus expectativas de desarrollo personal y profesional futuro,
las consecuencias de estas políticas de recortes.
Por todo ello, exigimos:
1. La retirada del incremento de dos horas lectivas del horario del profesorado convirtien-
do en horas lectivas tareas como tutoría, guardias, biblioteca y otras, y recuperar así el puesto de
los 4502 funcionarios interinos que trabajaron en el curso 2011-2012.
2. La paralización inmediata del Plan de Calidad y Mejora de los rendimientos escolares y
de los pagos de este plan, y destinar este dinero y el que se gasta en pagar a agencias y empre-
sas externas para supervisar las pruebas de diagnóstico en contratar a personal interino y en
un aumento de los recursos profesionales técnicos necesarios para reducir el fracaso escolar
y la atención a la diversidad en todos los centros.
3. La recuperación del poder adquisitivo perdido: sueldo, pagas extraordinarias, respetar sueldo
durante las bajas.
4. La eliminación de las tasas académicas, que han sido sometidas recientemente a una subida
indiscriminada, en absoluto equilibrada por una insuficiente e injusta política de becas.
5. Disminución de la ratio, lo que supondría la posibilidad de arbitrar medidas de atención a la
diversidad y una mayor facilidad para impartir clases, con el consiguiente aumento de la
calidad en la Enseñanza.
6. Sustitución de las bajas desde el segundo día de ausencia del profesorado, no a partir del 15
como está ocurriendo.
7. Inclusión de medidas de reparto del trabajo: flexibilización de las licencias por estudios
(facilitar la concesión, al menos de las no remuneradas); quinto año "sabático" autofinanciado
por el docente (se cobra cinco años el 80% y el quinto no se trabaja). Hace años que funciona
en otras comunidades, como Euskadi; adaptación a docentes de la normativa sobre reducción
opcional de jornada para los funcionarios (BOE 29-12-2012): 2/3 de horario semanal, 75% de
salario.
8. La supresión de la Enseñanza Concertada y de la subcontratación de empresas privadas para
trabajo público (comedores escolares, reprografía, etc.)
9. La retirada inmediata de la LOMCE que supone un retroceso en la Educación y la
elaboración de una ley educativa pactada y aprobada por todos los agentes implicados.
10. La vuelta a los principios democráticos dentro de los centros: Retirada del decreto que regula
los ROC de Primaria y Secundaria y elaboración democrática de uno nuevo; elección de la
dirección por el Consejo Escolar; mantenimiento de los Consejos Escolares como órgano de
representación y decisión de cada comunidad educativa.
11. La retirada inmediata del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, así como todas las normas de rango
autonómico que derivan de dicho Real Decreto-Ley y que lo desarrollan.
12. La retirada inmediata del Real Decreto-Ley 20/2012 de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad de 13 de Julio, especialmente el
aumento del IVA a material escolar y sobre los recortes salariales y las deducciones por bajas de
enfermedad del personal público.
13. La introducción de medidas legales que fijen como objetivo alcanzar la media de la UE de
inversión pública en Educación (un 7% del PIB) en contraposición al 5% actual y que esta
cantidad sea gestionada únicamente por y para el sistema público.
14. Dignificar la Escuela Pública y a toda la comunidad educativa que trabaja en ella. Porque
el respeto a la labor docente y del personal laboral y de administración y servicios, está siendo
menoscabado por los políticos que han puesto a los profesionales de la red pública en el punto
de mira.