Pacto por Andalucía

Tratar de sacar el máximo aprovechamiento a fincas públicas, las cuales no están siendo nada aprovechadas, manteniendo una gestión sostenible del medio. Realizando esto y adjudicando la competencia de dar los puestos de trabajo a personas cualificadas, no sacando los aprovechamientos a concurso. Se disminuiría el paro, se aumentaría la sensibilización ambiental debido a que el pueblo vería el monte como un bien social, se fomentaría y aumentará la inversión en el ámbito forestal. Estas fincas públicas podrán ser gestionadas por ingenieros los cuales sabrán sacar el mayor aprovechamiento a estos lugares y los puestos de trabajo se pueden adjudicar, siempre que se pueda, a personas que vivan cerca del lugar de trabajo y por temporadas.

El ámbito rural mantiene una grave brecha de visibilidad con respecto a los grandes núcleos poblacionales de Andalucía, siendo una asignatura pendiente la promoción de la no discriminación en pequeños núcleos urbanos de nuestra comunidad autónoma.

Por ello, se deberá fomentar un plan de visibilidad y no Discriminación en el ámbito rural andaluz que contenga tanto campañas específicas para el conjunto de las minorías como medidas para apoyar a las instituciones locales en la sensibilización contra la Discriminación y la Igualdad de trato.

En Andalucía no estará permitido el cultivo de ningún producto que haya sufrido alteraciones genéticas en su producción.

Un pacto por la rentabilidad; de forma que asegure el abastecimiento de los mercados alimentarios a precios justos, protegiendo a los agricultores, ganaderos y pescadores contra las bajadas especulativas de los precios en destino actuando sobre los mercados de materias primas (fertilizantes, energía, semillas, etc…) mediante la exigencia de una transparencia efectiva en la formación de su precio y dificultando los movimientos especulativos.

Un pacto por la mejora de la comercialización en origen; tomando medidas para la concentración de la oferta que suponga una reducción efectiva de los costos directos (reducción de órganos directivos, de dirección, comerciales, de gestión, etc…); impidiendo concentraciones de empresas realizadas con un sentido “político”, con el único fin de recibir la subvención o sanear contablemente sociedades con problemas económicos.

Hacer de la PAC una herramienta estructural articulando un mayor apoyo a los pequeños agricultores mediante un mínimo de pagos directos, un régimen de ayuda sencillo y específico, eliminando las subvenciones que fomenten prácticas agrícolas o cultivos no sostenibles.

Un pacto por la eficiencia productiva; aumentando la producción por unidad de gestión única, favoreciendo las economías de escala y modificando la ley de arrendamientos rústicos de forma que existan garantías jurídicas tanto para el arrendatario como para el arrendador, lo que permitirá una mayor base territorial y una mejora en la renta de los agricultores.

Un pacto por la producción, que incluya potenciar la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo, prestando una atención específica a la investigación alimentaria.

Mantener y reformar el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y el subsidio por desempleo; abandonando el concepto de subvención al trabajo para convertirlo en dinamizador del mundo rural en general y del sector agrario en particular. La reforma debe afectar a su operativa y sobre todo a su control.

Un pacto por la defensa del consumidor y la globalización de las condiciones agrarias; priorizando el derecho de los consumidores a exigir que las normas rigurosas que la agricultura andaluza, española y europea se apliquen tanto a los alimentos producidos en Andalucía, como a los alimentos importados.

El fortalecimiento de nuestra agricultura debe ir íntimamente unido a su comercialización, es decir: a su capacidad de oferta a un mercado cada vez más exigente.
Por ello parece imprescindible potenciar la implantación de un sistema cooperativo fuerte que de cobertura al agricultor en ese campo.

Una mayor protección para los precios de nuestros productos agrícolas, que deben competir en el mercado nacional y europeo con otras producciones más económicas provenientes de otros países (Marruecos, Perú, etc.) que no cumplen en su origen con los requisitos establecidos en la Unión Europea, bien sea en materia de regulación laboral, certificaciones o de sanidad vegetal.